Qué vamos a hacer si nos echan de acá? No tenemos adónde ir. No queremos ser desterrados. Nosotros no le pedimos plata a nadie, hacemos nuestro trabajo sin molestar. Pero si nos sacan lo que producimos no tenemos qué hacer”. La frase no proviene de una sola boca, sino de la rueda que se forma a la orilla del pozo de barro, donde más atrás un laburante mezcla tierra con agua y aserrín. José Ríos (37) tiene en sus manos esa cédula que quema, y que les marca a las claras que los plazos están vencidos. Se deben ir. Es orden de la Justicia.
De sol a sol. Tal es la situación que viven más de 30 familias bolivianas que durante los últimos ocho años han venido trabajando en el cortadero de ladrillos de Bell Ville, que con 50 mil unidades mensuales, es el principal proveedor de una región que se supo destacar por las pelotas de fútbol, pero que hoy está rodeada de sembradíos de soja.
El primero que llegó a la zona fue Justo Callampi, hombre de Potosí y de una edad imposible de adivinar, ya que su rostro curtido acusa mucho más que lo que seguramente tiene. Él junto a otras familias del altiplano acordaron el alquiler de un predio en las afueras de Bell Ville, con un viejo ladrillero de la zona, Miguel “Pichín” Ibarra. Podrían ocupar y explotar las 12 hectáreas de ese predio, dejando a cambio un 20 por ciento de la producción de ladrillos.
able para los inmigrantes, que pronto comenzaron a convocar a más familias. Llegaron parientes y amigos, provenientes de Sucre y Potosí. Todos con voluntad de trabajar de sol a sol con tal de ganarse la vida sin necesidad de subsidios.
Levantaron sus taperas, se las arreglaron con muy poquito de confort y mucho de esfuerzo. Con el tiempo nacieron chicos, argentinitos de sangre boliviana. Se integraron a la escuela Alberdi, tramitaron sus documentos, se volvieron parte del barrio.
Los hornos de llama perpetua comenzaron a multiplicarse hasta llegar a una decena, cociendo esos tabiques de barro que sirven para alimentar el boom inmobiliario del sudeste provincial, transformando soja en ladrillos, naturaleza en riqueza. Y religiosamente, todos los meses pagaron ese alquiler que les daba tranquilidad y a la vez los hacía dignos.
Carta bomba. Pero la bomba cayó el 10 de agosto de este año. En una sola hoja de papel se enteraron de que Pichín Ibarra ya no era el dueño del predio, y que el nuevo propietario era el legislador Domingo Carbonetti. El Juzgado de 1ª Nominación de Bell Ville les despachó una cédula de notificación, en la causa caratulada “Carbonetti Domingo Angel c/ Carlos Gillapa y otros - DESALOJO”. Y la orden del juez Víctor Cemborain resultaba categórica: “Libérese oficio a los fines del lanzamiento”. En otras palabras, se autorizaba la topadora a partir de un plazo de 10 días, que se venció el 20 del mes pasado.
La situación fue puesta de manifiesto por el semanario Tribuna, haciéndose eco de una declaración conjunta firmada por varias organizaciones locales, reclamando una solución. “No se debe permanecer indiferentes ante el inminente desalojo y la desesperante situación de estas familias trabajadoras”, publicó el 27 de agosto ese medio bellvillense.
La difusión puso también en guardia a grupos de vecinos, referentes sociales, militantes de derechos humanos, e instituciones de diversos ámbitos que se solidarizaron de inmediato. De hecho gestionaron una reunión con la intendenta Carmen Ceballos de Carbonetti, algo que se concretó el 30 de agosto. Pero la respuesta no fue la esperada. “Cuando preguntamos por tierras, la señora nos mandó a que averiguáramos en las inmobiliarias y nos dijo que nosotros ya sabíamos de esta situación por lo que tendríamos que habernos ido antes”, cronicó José Ríos, uno de los que participó de la reunión.
“Estamos conscientes de que la tierra no es de nuestra propiedad, y no queremos quedarnos con ella”, dice José acomodando su sombrero de cuero que le da cierto aspecto de Lejano Oeste. “Lo que pedimos es que nos permita seguir alquilando. Pero parece que tienen otros planes para este lugar”, se lamentó.
Miradas al sur. Seguramente José no anda muy errado. Bajo la gestión de la esposa de Carbonetti, el acceso sur de la ciudad cabecera del departamento Unión fue mejorado con obras viales e iluminación. En las cercanías ya están en marcha varios desarrollos inmobiliarios, con barrios semicerrados. No hay información concreta sobre qué destino pretende darle Carbonetti a estas 12 hectáreas. Pero el lugar es ideal para un loteo: plano, con buenos accesos, a cinco minutos del centro y con buena perspectiva de desarrollo.
“Sabemos que acá seguramente quieren hacer otra cosa, y no está mal. Sólo pedimos que nos ayuden a conseguir otro lugar”, insiste Justo Callampi, quien asegura que no quieren que les regalen nada, sino que les ayuden a conseguirlo. “Somos 10 campamentos de horneros, podemos pagar un alquiler de un predio. Lo que pasa es que aquí el alquiler de los campos sale mucha plata por esto del cereal”, dice en relación a la soja. Carbonetti, en tanto, respondió con un tono de voz poco amistoso cuando fue consultado por teléfono por Día a Día. “No tengo nada que decir sobre ese predio. Sólo le digo que esta gente no cumple nada de lo que promete. Y que ya fueron defendidos por abogados en el fuero local”, dijo el legislador antes de cortar intempestivamente la comunicación.
Algo más explícito y locuaz se mostró durante una rueda de prensa que se transmitió por el Canal 2 de Bell Ville el 28 de agosto. “Aquí, por un lado, hay una cuestión de defensa de la propiedad que nosotros tenemos, y por el otro lado, está la compatibilización con intereses sociales que estamos dispuestos a escuchar, en la medida en que se resuelvan con sentido común”, dijo, en tono conciliador, pero rematando que “realmente tendrán que buscar otro lugar donde afincarse”.
Y como para no quedaran dudas, en la misma rueda de prensa, sentenció: “Si hubiera querido, los hubiera echado antes”. Mientras tanto, José, Justo, Adelaida y más de 30 familias sólo se animan a pedir una cosa: “No se olviden de que somos personas”.
El caso. El alquiler. Ocho años atrás, las familias bolivianas acordaron pagar el predio con un 20 por ciento de su producción de ladrillos con quien era su dueño: Miguel Ibarra. Otro dueño. Domingo Carbonetti se hizo propietario del lugar y pidió el desalojo de los ladrilleros, que fue comunicado el 10 de agosto
Con los Predios, Carbonetti se cobró los honorarios
A mediados de los ‘90 se abrió una declaratoria de herederos ante la muerte del dueño originario del predio. Había tres herederos entre los cuales dividir la propiedad. Quien se ofreció para realizar el procedimiento no fue otro que “Mingui” Carbonetti, según apunta el abogado Emerson Sampietro, quien asesora a los ladrilleros.
El proceso judicial se completa, y el abogado y político reguló honorarios que la familia no pudo pagar. Según detalla el expediente de 800 fojas que sigue el proceso de ese predio, el actual legislador por el departamento Unión ejecutó la planilla y sacó a remate el predio de 10 hectáreas con un martillero afín, para finalmente alzarse con la propiedad. Ni bien tuvo la posesión, y con el patrocinio de su hija Natalia Carbonetti, inició en 2005 el juicio de desalojo, que obtuvo resolución favorable el 29 de julio de este año.
En junio de 2008, el ex fiscal de Estado de la gestión De la Sota cumplió con el trámite de su declaración jurada patrimonial. En esa ocasión denunció ser el propietario de 110 inmuebles. Y declaró un patrimonio de 12 millones de pesos, según publicó entonces La Voz del Interior.
Adelaida: Nos sentimos de este lugar
Tiene 28 años y trabaja al rayo del sol, a la par de los hombres que acomodan ladrillos listos para ser cargados. Adelaida también vino de Potosí, es mamá de cuatro nenas que van a la escuela del barrio, y dice que no quiere irse del lugar.
“Nos sentimos parte del Bell Ville. Nos gusta este lugar y trabajamos sin molestar a nadie ni pedir ayuda”, cuenta sonriente esta mujer, capaz de levantar una media docena de anaranjados ladrillos sin siquiera fruncirse.
“No queremos irnos a otro lado. Mis hijas ya van a la escuela aquí, no podemos dejar que pierdan el año. Buscamos otros lugares pero no hay”, dice con su particular acento boliviano que remarca las eses. “Yo le pregunto a la intendenta: ¿Es que ella no ha sido madre? ¿No sabe lo que una es capaz de hacer por los hijos?”.
Le habla a Carmen Ceballos, la intendenta, la esposa de Carbonetti y, por ende, también dueña de la tierra que le da de comer a Adelaida, a sus niñas, y a más de 30 familias trabajadoras del ladrillo.
