Hemos asistido en estos últimos días a situaciones vinculadas con la inseguridad profundizados por los asaltos que sufrieron dos comerciantes de la ciudad y que derivaron en un gran debate a partir del enérgico reclamo de seguridad que hiciera uno de ellos a través de los medios.
Esta circunstancia llevó al Centro Comercial a exigir se tomen medidas para evitar estas situaciones, convocando a una reunión con la Intendente y el jefe de policía de la ciudad en la que pudieron comprobar que la institución policial se encuentra muy limitada en recursos, a tal punto que el 101, teléfono de emergencia al cual necesitan llamar todos los ciudadanos ante una urgencia, no funcionaba porque no había fondos para arreglarlo, así como tampoco disponen de los recursos necesarios para la provisión de combustible para cubrir la demanda de los móviles policiales y para completar, el edifico de Av. España se lo ha considerado “inhabitable”.
Fuimos testigos además del reclamo de la Cámara del Crimen cuestionando el accionar policial y del Colegio de Abogados reclamando el nombramiento de un fiscal prometido hace un año por el Gobernador, de modo que permita contar con “una de las herramientas idóneas para enfrentar la problemática de la inseguridad en la ciudad en lo que concierne al mejoramiento de las tareas investigativas de dichos ilícitos”, y también pidiendo “se adopten las medidas urgentes y necesarias para resolver las falencias estructurales y funcionales que padecen las fuerzas de seguridad”.
La imposibilidad de tomar medidas contra la inseguridad ha generado una visión muy particular de cómo encararla.
La respuesta a estos reclamos por parte del legislador Carbonetti fué anunciar mas obra pública, ni siquiera vinculada a la seguridad, que se suma a todas las prometidas sin concretar, como si esto lograra generar alguna solución al problema que nos urge.
Como vemos, no se pueden asegurar condiciones mínimas de seguridad para los vecinos, y estas falencias parecen estar vinculadas, ò bien a la falta de recursos por parte de la provincia, o bien a la falta de prioridades en los gastos de gobierno.
Es por esto que planteamos que este problema, que sin duda es responsabilidad de los funcionarios provinciales, solo puede resolverse a través de decisiones políticas, y es aquí donde deben actuar nuestros legisladores Carbonetti e Ipérico reclamando al ejecutivo provincial el cumplimiento de sus obligaciones tanto para con la Policía (fondos suficientes para funcionar y asegurando capacidad de investigación), como con el Poder Judicial (mediante la creación de una nueva fiscalía y una asesoría letrada), entre otros.
Si el gobernador no da respuestas a estas peticiones, entonces deberán abocarse a definir políticas de seguridad más efectivas en el seno de la Legislatura que aseguren la protección de los ciudadanos.
Al fin y al cabo han sido elegidos para atender estas situaciones, y para ello cuentan con la ventaja de pertenecer al bloque oficialista y mayoritario en la Unicameral.
Será cuestión de mayor compromiso hacia la gente y dedicación a sus funciones.
Partido Socialista Bell Ville.
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